jose mario de la garza un millonario de dudosa procedencia

Potosinos, triste pero a la vez alarmante vengo a exponer ante ustedes la siguiente preocupación ciudadana:

En una evidente violación a la ética profesional, el señor Mario De la Garza Marroquín pretende elegirse como Presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública del Gobierno del Estado.

En una reunión realizada en las oficinas de la Contraloría General del Estado, se realizó la votación, en la De la Garza Marroquín fue electo por unanimidad de quienes integran este organismo independiente de las autoridades bajo la complicidad quienes pretenden Integrar este Consejo: Don Luis Morales Reyes, Arzobispo de San Luis Potosí, Héctor Luis Carrasco, presidente de la Fraternidad Ministros Evangélicos, Martín Vaca Huerta, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y el rector de la UASLP, Mario García Valdés,los presidentes de CANACINTRA y CANACO, Pedro Martínez Abaroa y Rodolfo Narra Loris, Luis Renteria Monsiváis, presidente de la CMIC, Manuel González Carrillo, presidente de COPARMEX y David Alejandro Garza Salazar, director del ITESM Campus San Luis y algunos de los diputados de todas las corrientes políticas.

Lo que no saben o nadie se ha percatado, es que el gobernador Fernando Toranzo Fernández propuso dicho consejo ciudadano para garantizar a legalidad de los procesos de licitación en el Estado, lo que es totalmente contrario a los intereses de quienes conforman el Consejo y de quien pretende Presidirlo, pues entre los intereses de Jose mario de la Garza están diversos procesos de licitación d empresas que van desde Minera San Xavier hasta el enconado problema que representa como abogado de GEN versus red recolector, VIGUE.

Así Mismo se encuentran los intereses de los empresarios, quienes piensan que a través de dicho consejo se encuentra la oportunidad de obligar al Gobierno del Estado a otorgarles las obras más representativas, beneficiando así a su gremio y a ellos como líderes.

Hay que recordar que los miembros de este Consejo, creado a instancias del gobernador Fernando Toranzo Fernández y único a nivel nacional, tendrán entre otras, facultades para vigilar que los procesos de licitación de la obra pública sean transparentes, podrán sugerir y recomendar, en una acción que le abonará a la transparencia, eficacia y legalidad de los actos de Gobierno.
Es ahí donde nace la preocupación de quienes no estamos dentro de las redes de élite de estos personajes, encabezados por Jose Mario de la garza Marroquín, quien por cierto acostumbra utilizar medios de comunicación como si fueran una cruzada mediática con la que busca no sólo desprestigiar a las empresas contrarias a sus intereses, tal y como lo ha hecho con la empresa Red Colector Vigue, y ahora lo pretenderá replicar con las autoridades municipales para que le otorguen más contratos de prestación de servicios.

Recordemos un caso de este abogado, el cual estamos refiriendo y es el caso de Vigue, donde presionó a la autoridad Municipal a que soliciten al Congreso local la rescisión del contrato obtenido en 2009, simplemente para dárselo a una de las empresas que su bufete representa.

De todos es sabido que de la Garza Marroquín enfrenta un conflicto de intereses en este asunto, ya que como presidente del capítulo San Luis de la Barra Mexicana de Abogados, se pronuncia por la rescisión de la concesión del servicio de recolección de basura, pero por otra parte, el despacho del que es socio tiene la representación legal de tres empresas supuestamente del mismo ramo, dos de las cuales interpusieron un recurso ante el TECA para anular la licitación que ganó Red Colector-Vigue.
El abogado José Antonio Aguilar Reyes forma parte del Bufete de la Garza SC desde 2008 y su nombre aparece en la lista de socios que esta agrupación tiene en su página web, como responsable del área de litigio. En esa lista de socios aparece también José Mario de la Garza Marroquín, pero como responsable del área de derecho corporativo.
Aguilar Reyes es representante legal de las empresas Promotora Ambiental de La Laguna SA de CV, Recolectora Industrial de Occidente SA de CV, y Corporación e Ingeniería Arrow SA de CV, y todas ellas dan como domicilio para recibir notificaciones el número 121 de la calle Humbolt, de la colonia Del Valle, en San Luis Potosí, dirección en la que se encuentran ubicadas las oficinas del Bufete de la Garza SC.
En los expedientes 068/2009-M2 y 149/2009-M2 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sellados en febrero de 2009, constan, además del nombre del abogado y el domicilio para oír notificaciones, que las empresas Recolectora Industrial de Occidente SA de CV y Promotora Ambiental de La Laguna SA de CV promovieron demanda de juicio contencioso administrativo en contra del Ayuntamiento de San Luis Potosí; el presidente municipal capitalino y el secretario general.
Por su parte la empresa Corporación e Ingeniería Arrow SA de CV interpuso un recurso de revisión contra la sentencia dictada el 3 de junio de 2009, dentro del juicio de amparo indirecto 143/2009, promovido contra actos del Ayuntamiento y otras autoridades responsables.
Otra de las conductas del abogado que dejan mucho qué desear, fue cuando la regidora Sara Catalina Ramos Reyna mediante un oficio fechado el 23 de abril de 2010, le solicitó su apoyo “a fin de que con fundamento en las labores que usted desempeña, (Como presidente de la Barra de Abogados) se sirva brindar su valiosa opinión técnica jurídica respecto del contrato firmado por el ayuntamiento con la empresa Red Colector-Vigue“.

La actitud del abogado a todos sorprendió, pues en lugar de realizar el análisis él, recurrió al despacho Loperena, Lerch y Martín del Campo, miembros de la Barra Mexicana de Abogados en el Distrito Federal para que emitieran la opinión técnica jurídica, la cual además, “misteriosamente” fue filtrada a la prensa antes de ser entregada a la solicitante.
El objetivo era claro, apuntalar la guerra mediática con que pretenden lograr que el contrato entre Red Colector Vigue y el Ayuntamiento sea rescindido sin que se hagan efectivas las sanciones económicas establecidas en él.
Pero aún hay más. Ante la “falta de colaboración” de las autoridades municipales para concretar la rescisión del contrato, en su calidad de presidente del capítulo San Luis de la Barra Mexicana de Abogados, se la ha pasado haciendo declaraciones en los medios de comunicación, señalando insistentemente que el contrato se puede terminar sin penalización para el ayuntamiento, (como lo publicado el 20 de mayo de 2010 en el periódico Pulso), en donde acusa al síndico municipal de tender una cortina de humo para evitar cualquier acción contra Vigue.
Esta campaña mediática ha sido reforzada con la publicación de información sacada de periódicos locales del Estado de México y Veracruz, en donde Red Colector opera actualmente y, dando una información parcial, reproduce únicamente notas periodísticas publicadas durante el inicio de los trabajos en esas entidades, sin informar que también hay recomendaciones por buen servicio que le extendieron en 2008 los municipios mexiquenses de Toluca, San Mateo Atenco, Amanalco, Zinacantepec y Metepec, localidades donde Red Colector Vigue sigue trabajando hasta la fecha.
En este simple ejemplo es visible el modo de como opera este tipo de abogados de cuello blanco, ya que cada pago de recibo de honorarios puede ir desde los 30 mil dólares a los 60 mil, como es el caso que involucra a la polémica Minera San Xavier.
O que tal la defensa que representa ahora para Juan Felipe Sánchez Rocha, el jefe policiaco, al que seguramente tratara de absolver en medios de comunicación.
Es por ello, que solicito a las autoridades estatales sean atentos de vigilar los procesos de selección en dicho Consejo, a fin de que este, no se convierta en el coto de poder de unos cuantos líderes ricos en nuestro Estado, ya que esto sería contrario a la voluntad con que lo creo el señor Gobernador del Estado.
No podemos consecuente que este millonario de dudosa procedencia siga aprovechándose de su calidad de “apolítico” siga aprovechándose de posturas mediáticas para conseguir contratos millonarios a la vez que ataca y denigra la función pública.Por un San Luis Limpio